RECONOCER, PROTEGER Y LEGISLAR
En Chile, el aumento sostenido en la cantidad de condominios y de personas que habitan en ellos ha generado un importante desafío logístico y administrativo para el rubro, siendo necesario coordinar más trabajadores, atender a un mayor número de proveedores y responder al desgaste natural de los edificios; Por si fuera poco se suma un problema aún más grave: la violencia que, lamentablemente, ha ido en aumento contra quienes día a día prestan estos servicios y hacen posible la vida en comunidad.
Por: Juliana Galindo
Durante los últimos años, especialmente desde la pandemia, los registros de maltrato físicos y psicológicos han aumentado y se han vuelto visibles en los medios de comunicación y redes sociales, donde se difunden videos que muestran el trato indigno que reciben conserjes, mayordomos y administradores en sus lugares de trabajo. Esto está poniendo en riesgo no solo la estabilidad de las comunidades, sino también la dignidad y la integridad de quienes sostienen este sistema.
El problema no solo radica en la violencia misma, sino también en la desprotección legal. La Ley N°21.442 establece obligaciones y deberes para los administradores, pero no contempla medidas específicas para resguardar a quienes enfrentan agresiones en el ejercicio de sus funciones. Este vacío normativo deja a todo el rubro expuesto a situaciones de vulnerabilidad, en un contexto en el que el respeto y la convivencia deberían ser pilares de la vida comunitaria.
Frente a esta situación, los gremios de administradores de condominios de Chile han decidido unir fuerzas para impulsar que se reconozca, proteja y legisle a favor de quienes cumplen esta labor.
Las condiciones están dadas, los antecedentes son sólidos, la urgencia es evidente y el momento de actuar es ahora. La inacción legislativa frente a esta problemática no solo es jurídicamente insostenible, sino éticamente inaceptable. La propuesta creada por AGACECH, REDMAC, UNAC y CGAI, dirigida al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como al resto de los órganos del Estado con competencias en la materia, busca que asuman con responsabilidad institucional la tarea de impulsar las reformas necesarias y así promover un ambiente laboral más seguro, respetuoso y con la esperanza de que, trabajando en conjunto sea posible construir un futuro donde la labor de quienes administran y trabajan en condominios sea reconocida como lo que es: esencial, compleja y profundamente humana.
Algunos puntos importantes de la propuesta son la escalada de violencia y debilitamiento de los órganos de administración, la responsabilidad jurídica desproporcionada del administrador careciendo de autonomía decisional en materias sustantivas al tener que someterse a las instrucciones del comité de administración y de la asamblea de copropietarios, la desprotección jurídica ante conflictos y agresiones, entre otros.
Además, se incluyen propuestas que se podrían llevar a cabo tales como, hacer talleres para comités en el régimen de copropiedad, que busquen sensibilizar y prevenir situaciones de violencia, reconocimiento legal de la violencia como riesgo en la gestión de copropiedad, modificación del código penal y regulación de estándares mínimos para los contratos de administración de condominios, entre otros. (lea la propuesta completa aquí https://drive.google.com/file/d/1DWYXtiRsq68EsZxeZ-6nRCabfp27pV7e/view)
En ese espíritu de unión, los gremios también han acordado instaurar el 26 de septiembre como el Día del Administrador y Administradora de Condominios de Chile. La fecha busca rendir homenaje y dignificar una labor muchas veces invisibilizada, y al mismo tiempo recordar a Rosita María Herrera Cienfuegos, administradora asesinada mientras desempeñaba sus funciones el 20 de septiembre de 2002.
Este hito no es solo una conmemoración simbólica: es un acto de justicia y de unión gremial que busca abrir el camino hacia mejores condiciones laborales, más respeto y mayor protección para quienes, día a día, hacen posible la vida en comunidad.
Luis Vallejos Kauer, presidente de AGACECH, señaló que la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N.º 21.442 establece nuevas obligaciones y responsabilidades para administradoras y administradores de condominios, lo que exige más dedicación y tiempo por comunidad.
Al mismo tiempo, advirtió que los reiterados hechos de violencia contra conserjes y administradores registrados en el último tiempo evidencian la necesidad de ajustes normativos. “Cuando un administrador externo es hostigado laboralmente o derechamente ninguneado, la aplicación de la Ley Karin —según la orientación de la Dirección del Trabajo— debiera entregar una respuesta; sin embargo, en la práctica muchas denuncias no son acogidas, generándose un vacío de protección para este rol”, afirmó. Estos hechos de violencia ya están afectando la contratación de personal en determinadas zonas de la capital: los conserjes exigen remuneraciones más altas cuando se trata de comunas consideradas conflictivas, encareciendo y dificultando la operación regular de las comunidades.
En este contexto, AGACECH hace un llamado a las autoridades competentes a conformar mesas de trabajo y reuniones técnicas con plazos acotados y una hoja de ruta clara, a fin de proponer mejoras legales y operativas que resguarden la integridad de quienes trabajan en la administración y operación de comunidades.
“Los hechos de violencia y agresiones verbales no están disminuyendo. Debemos actuar ahora: prevenir antes que lamentar”, concluyó Vallejos.
Desde AGACECH hacemos un llamado a la empatía y al respeto, y esperamos que se realicen las modificaciones legales necesarias para que los administradores podamos ejercer nuestra labor sin miedo ni riesgos, entregando lo mejor de nuestro trabajo para que todos podamos disfrutar de las comunidades en las que queremos y merecemos vivir.
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